Al Día 22/05/2020

Al borde de la quiebra: el requisito de la ayuda estatal que perjudica a las pymes



La imposibilidad de distribuir utilidades es inconstitucional y rige para grandes compañías como para pymes.


| Por redacción Pura Verdad |

La Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) fue el mecanismo elegido por la Nación para asistir a todas las empresas que demostraran una baja en su facturación mediante el pago del 50% de los salarios de sus empleados.

En una primera instancia, excluyó a aquellas que tienen más de 800 empleados, dando luego marcha atrás y permitiéndoles también a ese segmento ingresar en el beneficio. Al hacerlo, estableció una serie de requisitos, entre los que se destacaba la imposibilidad de distribuir utilidades.

Luego de implementarse y habiendo ya aprobado y abonado los salarios de una parte importante de empresas, el Poder Ejecutivo, a través de una Resolución Administrativa dictada por el Jefe de Gabinete de Ministros, decidió imponerles los mencionados requisitos a todo el universo de beneficiarios.

Es decir, todo aquel que hubiera solicitado la asistencia de emergencia, se vería privado de repartir utilidades, sin distinguir entre una librería de barrio con 3 empleados, una textil con 100 o una multinacional con 10.000.

El requisito deja a todo titular de una pyme en la encrucijada de elegir entre quebrar la empresa por no poder sostenerla o quebrar personalmente, por no poder recibir sus ganancias por un año, acumulando deudas de todo tipo y color, sin entrar a considerar el hecho de que para adquirir alimentos, necesitaría de ese dinero que por 12 meses no podría liquidarse.

Resulta inexplicable que el Gobierno no comprenda que las utilidades que podrían repartirse los “socios” o titulares de una pequeña empresa tendrían como único objetivo su mero mantenimiento y subsistencia.

Cuesta creer que los dueños de una librería, de una zapatería, de un kiosco, de una farmacia, de una gomería, de un almacén, o de cualquier otra pyme se aprovechen de la asistencia de emergencia para fugar las “utilidades” en una offshore o en colocaciones financieras de alto riesgo.

Qué es la distribución de utilidades

Se entiende por o distribución de utilidades al reparto de las ganancias que logró una empresa o que produjo una cierta operación o actividad. Esta acción es utilizada con frecuencia en las pequeñas empresas donde sus propietarios o trabajadores incluso, no tienen un salario asignado sino que realizan un reparto de dinero en base a sus ganacias.

Por qué el requisito sería inconstitucional

Mas allá de lo contradictorio de la medida que impediría el reparto de utilidades de pequeñas empresas, su inconstitucionalidad resulta manifiesta. Salta a la vista la afectación al derecho de propiedad, en tanto reiteramos, la asistencia que proporciona el Estado es derivación de las propias limitaciones que se le impusieron a las empresas (dejando fuera incluso derechos consagrados en la propia LCT), estando éstas obligadas a aceptarlas.







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