Al Día 15/05/2019

La Corte revisa la causa contra Cristina por obras viales en Santa Cruz antes del Juicio Oral



por Francisco Ellena


El máximo Tribunal de Justicia del país, resolvió anoche pedirle al Tribunal Federal Oral 2 el expediente completo de la causa conocida como "Vialidad", cuyo juicio oral estaba previsto desde el próximo martes 21 de mayo. Los jueces del Tribunal aceptaron el pedido y elevarán el expediente completo, sin el cual no puede comenzar el juicio oral. Por su parte, el fiscal Diego Luciani pidió que la Corte reciba copias digitalizadas del expediente y las devuelva antes del martes 21 de mayo para que empiece el juicio.

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco consideraron revisar los planteos de las defensas de varios acusados, entre los que están Cristina Fernandez, Julio De Vido, Carlos Kirchner (primo de Néstor) y Lázaro Baez, en relación a prueba no admitida o supuestamente mal valorada por instrucción de la causa. La intención del máximo tribunal es "evitar futuros planteos de nulidad", porque consideran que los planteos de las defensas en relación a las pruebas "tarde o temprano" van a llegar la Corte y podrían poner en riesgo los propios juicios. Además, se trata de una bajada de línea para todas las instancias judiciales para que las causas estén "mejor instruidas" en cuanto a la cuestión probatoria y no se pongan en riesgo por cuestiones procesales. Desde el entorno de los jueces de la Corte consideran que el expediente volverá en "días o semanas".


De qué se trata la causa y el pedido de las defensas

La causa en cuestión investiga el supuesto beneficio a Lázaro Baez en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz durante el período 2005-2015 de la gestión Kirchnerista, e involucra a funcionarios de alto rango como Julio De Vido, José López, e incluso a la misma ex Presidenta. Según la investigación que hoy lleva la fiscalía que lidera Diego Luciani y el TOF 2 presidido por el Juez Jorge Gorini, los acusados formaron parte de una asociación ilícita (encabezada por CFK) que supuestamente benefició al Grupo Austral (presidido por Báez) en la adjudicación de 52 contratos, sobrevaluados y que en algunos casos no fueron ejecutados en tiempo y forma. La causa fue iniciada en febrero de 2018 a raíz de una denuncia de Vialidad Nacional, encabezada por Javier Iguacel y acompañado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, contra los acusados por daños y perjuicios al Estado.

En relación a la prueba, el abogado defensor de Cristina Carlos Beraldi, al igual que la defensa de otros imputados, presentaron reiterados recursos que fueron rechazados en diferentes instancias. Los pedidos de la defensa consisten en que tanto la fiscalía como el tribunal desestiman la prueba que aportan y ofrecen, como así también valoran y direccionan la carga probatoria a fin de sostener las imputaciones y condenas con fines políticos. Beraldi había pedido la realización de pruebas elementales, como pericias y auditorías a la totalidad de las obras cuestionadas. De los 52 contratos en cuestión en la causa, el TOF 2 admitió que sólo fueran estudiadas cinco obras y en ningún caso las pericias están concluidas. Estas cinco pericias fueron las primeras en la causa con la participación de todas las partes, y los peritos que las llevan adelante, consideran que la evaluación de estas cinco obras finalizaría en julio o agosto, lo que también podría ser motivo de demora si el juicio comienza la semana que viene.

Las defensas consideran que la causa fue armada por Javier Iguacel, funcionario designado por Macri en Vialidad en 2016. La hipótesis es que, desde el día que asumió, Iguacel optó por auditar solamente las obras de la Provincia de Santa Cruz con el objetivo de poner al Kirchnerismo bajo la lupa, sin tener en cuenta los demás distritos. Estiman que, pese a que las pericias pedidas por Iguacel determinaban que las obras habían sido ejecutadas, que los sobreprecios no superaban el 0,01% y los retrasos eran los habituales de cualquier constructora, tanto él como la fiscalía y el juez Ercolini decidieron seguir adelante con estudios de los cuales no participaron las partes y estimaron sobreprecios para formular la acusación. Entre otras pruebas, también apuntan a los testimonios como arrepentido de Leonardo Fariña, a quien consideran guionado por los servicios de inteligencia y citan las pruebas del espionaje ilegal incluidas por el juez Ramos Padilla en su investigación.

Sin embargo, el Tribunal Federal Oral número 2 da por corroborada la existencia de un "esquema de beneficios exclusivos y permanentes en favor" de Lázaro Báez en perjuicio del Estado y entienden que el expediente está listo para el comienzo del Juicio, pese a que las pericias no estén concluidas.

Ahora, el expediente pasará al análisis de la Corte, quien deberá revisar los pedidos de las defensas y estudiar el expediente completo para corroborar si la carga probatoria y las instrucciones están debidamente ordenadas en la causa.







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