El oficialismo debió ceder para conseguir la aprobación del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Por los cambios, el texto volverá al Senado para su aprobación final. Los principales puntos del proyecto.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero con modificaciones que restituyen los límites que existían previamente para la compra de propiedades rurales o en lugares de frontera por parte de extranjeros.
El capítulo que establece la derogación del artículo 154 del DNU 70/2023, y la aplicación de la ley de Tierras obtuvo 239 votos a favor, cuatro en contra y seis abstenciones. En cambio, la aprobación del proyecto en general fue ajustadísima: 124 contra 119 y seis abstenciones. Si esas abstenciones se hubieran sumado a los votos negativos, se hubiera rechazado la ley, con lo cual fue clave para el oficialismo la decisión de los legisladores cordobeses y del representante larretista.
Ahora, la iniciativa será girada al Senado, que podrá insistir con los dos tercios con su proyecto original o aceptar los cambios introducidos por la Cámara de Diputados.
Este proyecto llegó con media sanción a Diputados después del desguace aplicado por la oposición peronista en el Senado, que le volteó el capítulo vinculado a la Ley de Manejo del Fuego, pero también el que buscaba derogar la Ley de Tierras Rurales, toda vez que el artículo 154 del DNU 70/23 se encontraba derogado.
El proyecto en general de Inviolabilidad de la Propiedad Privada recibió 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones.
Ley de Tierras: los principales puntos
La restitución de la Ley de Tierras Rurales fue uno de los ejes de la negociación política que permitió destrabar el avance del proyecto en la Cámara de Diputados. El texto aprobado dejó sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, con el que el presidente Javier Milei había derogado esa legislación, y restableció la vigencia de la Ley 26.737, sancionada en 2011.
La normativa establece un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales en el país, las provincias y los municipios. De esta manera, se revierten los cambios impulsados por el Gobierno al comienzo de su gestión, cuya aplicación había sido frenada por la Justicia, y vuelven a regir las restricciones para la compra de campos por parte de personas y empresas extranjeras.
La incorporación de este apartado fue promovida durante el debate en comisión por sectores aliados al oficialismo. La decisión implicó un cambio respecto de la postura inicial del Ejecutivo, que había impulsado la eliminación de los límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
A su vez, la versión menguada de la Ley de Propiedad Privada que quedó en pie después de la extirpación en el Senado son capítulos que modifican la Ley de Expropiaciones, restringiendo las capacidades del Estado para declarar la utilidad pública de bienes inmuebles, y también una reforma de la ley de Desalojo para permitir acortar drásticamente los tiempos judiciales para la restitución de propiedades usurpadas o con tenencias irregulares.