Por 180 días, las empresas de servicios no podrán cortar a usuarios vulnerables

Por Sofía Ocaño | Beneficiará a quienes reciben la AUH, a jubilados, a monotributistas sociales y a pymes que adeuden hasta tres facturas. Regirá para luz, gas, agua, telefonía fija y móvil, internet y TV por cable.

En medio de la emergencia pública en materia sanitaria establecida en relación con el coronavirus y la enfermedad que provoca el Covid-19, el Gobierno dispuso a partir de esta medianoche la suspensión temporaria del corte de suministro de servicios que son centrales para el desarrollo de la vida cotidiana, pero sobre todo en el actual estado de aislamiento social, preventivo y obligatorio, como el suministro de energía eléctrica, agua corriente, gas natural de red, telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, entre otros.

La medida regirá por 180 días y el servicio no podrá ser cortado por mora o por falta de pago de hasta tres facturas. También quedarán comprendidos en la medida todos los usuarios con aviso de corte en curso.

No obstante, el beneficio es para un universo limitado de usuarios: los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo o por Embarazo, pensiones no retributivas, inscriptos en el monotributo social, jubilados que cobren el haber mínimo, trabajadores que cobren el salario mínimo, beneficiarios del seguro de desempleo, electrodependientes, empleados en casas particulares y exentos de impuestos inmobiliarios.

También están restringidos los cortes de servicios para pymes y microempresas en emergencia, cooperativas y empresas recuperadas, empresas de salud públicas o privadas y para las organizaciones de bien público que participen de la cadena de alimentos.

Los usuarios que cuenten con servicios prepagos de electricidad no estarán obligados a pagar la recarga y las empresas sí estarán obligadas a proveerles la misma cantidad de energía que venían pagando. A aquellos que tuvieran contratados planes análogos de telefonía móvil e internet móvil, las empresas deberán garantizarles un mínimo de conectividad.

Además, las empresas prestatarias estarán obligadas a generar un plan de pagos especial para saldar las deudas para los sectores y las empresas más vulnerables.
Esta medida es la última de un amplio paquete de anuncios que apunta a morigerar el impacto de la paralización de la economía y que, en total, demanda a la Nación unos 870 mil millones de pesos.



Ebano Maderas